Nota de prensa íntegra
La instalación de un radar móvil en Abarán puede ser una herramienta eficaz para mejorar la seguridad vial, siempre que su uso responda a un enfoque educativo y preventivo.
Regular la velocidad es fundamental para reducir accidentes y fomentar una conducción responsable. Sin embargo, el uso de este tipo de dispositivos también genera dudas legítimas sobre su verdadera finalidad: ¿se trata de proteger a los ciudadanos o de aumentar los ingresos municipales?.
Uno de los principales riesgos asociados a los radares móviles es su rápida amortización, lo que los convierte en una fuente de ingresos tentadora para los ayuntamientos. Cuando su ubicación y horarios no se basan en criterios técnicos de seguridad, sino en maximizar las sanciones, el objetivo deja de ser la prevención para convertirse en un método recaudatorio encubierto.
Situar el radar en puntos con baja siniestralidad o durante horas punta, cuando la mayoría de vecinos se desplaza al trabajo, puede percibirse más como una trampa que como una medida de protección.
Si el verdadero propósito es mejorar la seguridad vial, el radar debería ubicarse en zonas de riesgo comprobado, como entornos escolares o tramos con alta incidencia de accidentes. Además, su implementación debería ir acompañada de campañas informativas que conciencien a los conductores, en lugar de limitarse a imponer sanciones. La confianza de la ciudadanía en estas medidas depende de la transparencia y la coherencia con la que se apliquen.
Desde el Partido Popular de Abarán consideramos que el Ayuntamiento tiene la oportunidad de demostrar que esta iniciativa no obedece a intereses meramente económicos, sino que busca el bienestar y la seguridad de los vecinos. Una gestión responsable del radar, con criterios técnicos claros y orientados a la prevención, permitirá que esta herramienta cumpla su verdadera función sin perjudicar injustamente a los conductores.
