Agentes de la Policía Nacional, en el marco de la operación ‘Bull’, detuvieron en Cieza a dos mujeres de 30 y 35 años como presuntas responsables de los delitos de estafa y falsificación de documentos, al haber engañado presuntamente, a 60 internautas de varias provincias con falsas ofertas de préstamos personales. Noticia publicada por LA VERDAD.
Las estafadoras ofrecían estos créditos, que iban desde los 300 hasta los 60.000 euros, a través de internet, y pedían por anticipado pagos que oscilaban entre los 75 y 2.000 euros, ascendiendo el importe defraudado a más de 10.000 euros. En el transcurso de las investigaciones, los agentes hallaron más de 45 anuncios publicados en todas las provincias de España.
La investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta ante la Policía Nacional por un notario de Fuengirola (Málaga) en relación con el uso fraudulento de su nombre, sello y firma con los que alguien elaboraba documentos falsos que luego utilizaba para dar credibilidad a sus falsas ofertas de préstamos en Internet.
Durante las primeras pesquisas, los investigadores lograron identificar a las presuntas autoras de los hechos, dos mujeres vecinas de la localidad de Cieza. Se estableció, entonces, un dispositivo de búsqueda y localización que dio como resultado su localización y detención en la mencionada localidad, según señaló la comisaría de Málaga en un comunicado.
Las presuntas estafadoras ofrecían a las víctimas potenciales préstamos que oscilaban entre los 300 y los 60.000 euros, pidiendo por anticipado el pago de entre 75 y 2.000 en concepto de gastos de estudio y gestión. Una vez las víctimas pagaban, nunca recibían el dinero.
Según las pesquisas, supuestamente, las arrestadas captaban a sus víctimas a través de anuncios en Internet en los que ofrecían créditos «sin requisitos de solvencia y con unas condiciones muy atractivas». Cuando el interesado contactaba con ellas, estas le enviaban por Whatsapp o por correo electrónico un contrato de formalización de préstamo y un documento falso supuestamente firmado y sellado por un notario de Fuengirola.
En ese contrato, se autorizaba a los prestamistas a realizar las operaciones financieras aparentemente avaladas por el mencionado despacho notarial y en el que se establecía la cantidad que el cliente debía abonar para la legalización del contrato; una vez abonada la cantidad, cortaban toda comunicación con las víctimas, que nunca recibieron el préstamo.
