Hace tan solo unos días entró en vigor en nuestro país, la polémica Ley Orgánica 3/2021, más conocida por todos como la ley de la eutanasia o LORE. Han corrido ríos de tinta durante estas semanas sobre este tema. Se han celebrado decenas de jornadas, “webinar” y conferencias que han tenido a la eutanasia como única protagonista.
Me parece bien. Jamás antes se había prestado tanta atención a algo tan humano como la muerte. Vivimos en una sociedad en la que las personas que la configuramos estamos más lejos que nunca de la trascendencia que obliga el pensar que algún día debemos morir, nos guste o no. Nuestro mundo occidental y, particularmente el que vive en el hemisferio norte, es cada vez más hedonista, paulatinamente cada vez más alejado del sentido de la vida. En este escenario la entrada en vigor de la ley nos ha obligado a muchos a volver a pensar sobre qué es eso de morir.
En cualquier caso, la citada ley ya está aquí. Los especialistas en el tema dicen que el número de solicitudes serán mínimas. A pesar de ello no podemos dejar de hablar acerca de lo que significa morir con dignidad (que no es lo mismo que la desafortunada expresión “muerte digna”).
No termino de comprender cómo en una sociedad avanzada, como nos gusta autodenominarnos, se haya aprobado antes una ley de eutanasia que una ley de cuidados integrales al final de la vida. Está claro que esta no es una cuestión de partidos políticos, ni de ideologías. En nuestro país hay comunidades autónomas (diez de diecisiete) dirigidas por partidos de diferente color político, que han elaborado en tiempo récord leyes autonómicas de cuidados de final de vida. Todas ponen el acento en un aspecto común: los cuidados paliativos. Pero no lo hacen con enfoques filosóficos vanos y vacíos de verdadero sentido. Son comunidades autónomas donde se apuesta de verdad por acompañar a la persona que sabemos que va a morir como consecuencia de una patología progresiva, incurable y que ya no responde al tratamiento médico; también a sus familias. Debemos ser conscientes de que la entrada en vigor de la ley de eutanasia nos lleva a pensar a cerca de qué se supone que hace la sociedad, y más concretamente las administraciones públicas, para ofrecerle a la persona que la solicite todas las alternativas posibles de aliviar su sufrimiento de otra manera. Hoy en día en Murcia esto no es posible.
Las alternativas de las que disponemos actualmente desgraciadamente no son tan amplias e integrales como deberían. Tenemos en nuestra Región de Murcia unos buenos servicios de cuidados paliativos, sin duda. Pero a todas luces son claramente insuficientes, no consiguen llegar siempre allí donde hacen falta. A modo de ejemplo, sabemos por diferentes estudios no oficiales que cerca de cuatro de cada diez personas que viven en residencias padecen patologías que podrían englobarse como susceptibles de cuidados paliativos. Ante esta situación, los servicios sanitarios de las residencias hacen todo lo que pueden, con medios extremadamente limitados e insuficientes, para atender estas demandas con recursos propios, que en definitiva son los recursos de los ancianos, en lugar de ser procurados por el servicio público de salud.
Ningún político de la Región de Murcia debería olvidar que nos hace falta una ley de cuidados integrales al final de la vida, destinada a todos los murcianos, tengan la edad que tengan, padezcan patologías oncológicas o no. Somos una de las pocas comunidades autónomas de este país que todavía ni la ha elaborado, ni se sabe que esté trabajando en ello. Hasta que no se regulen estos cuidados, se financie suficientemente su implantación y se aumente el número de profesionales formados y dedicados a procurarlos, en Murcia habrá personas que solicitarán la eutanasia no porque ideológicamente tengan una particular y respetable visión de la vida, y de la muerte, sino porque les habremos privado de la posibilidad de aliviar su sufrimiento de otra manera.
