La Ley de Estabilidad de 2012 estableció medidas para erradicar la morosidad en el sector público, mediante el control periódico de la deuda comercial de las Administraciones Públicas.
Entre otras cuestiones, quedaron obligadas a hacer público el mencionado Período Medio de Pago a Proveedores (PMP). La norma facultaba al Ministerio de Hacienda a adoptar medidas preventivas, correctivas y coercitivas que, en última instancia, pueden significar la retención de los fondos del sistema de financiación para destinarlos directamente a pagar a proveedores.
«Dada la importancia, el actual gobierno local se marcó como uno de los principales objetivos, reducir el PMP del Ayuntamiento, para acercarse todo lo posible a la «frontera» de los 30 días que define la norma».
En el gráfico se puede comprobar la evolución del PMP desde 2016, hasta ahora. Pagar a proveedores permite a estos disponer de mayor liquidez, aspecto fundamental para consolidar su actividad económica y preservar el empleo.
