¿Están siendo burla-dos los juzgados y tribunales de la Región de Murcia, desde hace al menos seis años, por un falso perito que está teniendo una participación destacada en causas de asesinatos y otras de especial gravedad?
Noticia publicada en La Verdad.
Esa es la pregunta a la que trata de responder el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de Molina de Segura en las diligencias de investigación penal contra F. J. L. T.
Se trata del dueño de la empresa de Molina de Segura Instituto de Criminología Forense SL, quien días atrás tuvo un papel destacado en la defensa de la mujer finalmente absuelta en Murcia por un jurado de matar a tiros en Águilas a su novio en 2017, el presunto mafioso italiano Giuseppe Nirta.
Administrador único y jefe de laboratorio de la citada compañía privada, F. J. L. T. afronta una investigación en su contra por los supuestos delitos de falsificación de documentos públicos, intrusismo y contra la administración de Justicia.
Este hombre, quien figura en distintas páginas de internet vinculado a un negocio de electromecánica de Lorquí, está bajo sospecha tras una denuncia presentada en diciembre pasado por la Policía Nacional sobre la falsificación de un amplio currículo y de las acreditaciones con las que se presenta en los juzgados.
La denuncia de la Policía cuestiona la veracidad de un amplio listado de titulaciones citadas en los informes de este perito judicial. Ejemplos de ello son las de experto en Grafística y Documentos-copia por la Universidad de Granada; licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid; máster en Química Forense y también en Química Analítica, por esa misma universidad; especialista en Medicina Legal y Forense por la Universidad Cardenal Herrera de Alicante; máster en Genética por la Universidad de Granada; máster en Genética Forense por la Universidad de Murcia; especialista universitario en Acústica y Fonética Forense, también por la Complutense.
Mecánico en Lorquí
En documentos de la Policía también puso el foco en su acreditación como perito por la Asociación Nacional de Peritos Judiciales (Pe-juba) y el sello de calidad de la Entidad Nacional de Acreditación (Enac), con el que opera la empresa del investigado.
Sin desvelar su identidad, la Policía informó públicamente justo antes de Navidad de que había detenido a un hombre de 49 años que, desde 2018, venía interviniendo en procedimientos judiciales como perito sin tener la titulación para ellos. También desveló que, aprovechando la pandemia, el sospechoso emitió certificados de pruebas PCR sin conocimientos sanitarios ni maquinaria adecuada. Los agentes llegaron a registrar su oficina de Molina, donde decomisaron documentación.
Mientras el juzgado de Molina indaga sobre su formación académica y actividades profesionales, el sospechoso ha mantenido una variada participación en sonados procedimientos judiciales.
El abogado de la defensa en Abarán renunció a su informe
Según fuentes cercanas a la investigación, a principio de mayo la Policía alertó al juzgado de Molina de que el perito participó en el juicio del asesinato de Águilas.
Desde entonces, ha crecido la preocupación en ámbitos judiciales por el alcance de esa causa y su repercusión en otras. Respecto al crimen de Abarán, la defensa del acusado, Joaquín G. V., de 41 años, llegó a aportar un informe pericial de F. J. L. T. Pero el abogado Pablo Martínez renunció a ese medio de prueba por el riesgo de ser impugnado por falta de credibilidad.
El perito analizó el teléfono móvil de Joaquín y calificó de «materialmente imposible» que el acusado tratase de abusar de su tía abuela, María Velandrino, de 82 años, y que la matara a cuchilladas en 2019. También sostuvo que «resulta inviable» que Joaquín cometiera los delitos. La acusación, dijo, es «ridícula».
En Las Torres de Cotillas, el perito fue contratado por el letrado José Ángel Alfonso para la acusación particular en el caso del parricidio de Iván G. P.
Tras oír al jurado, la Audiencia impuso en marzo al acusado, de 32 años de edad, 28 de prisión por matar a golpes a su madre, Antonia, y a su hermano, Miguel Ángel, en 2018.
En Cartagena, el perito ha realizado un informe pericial para la defensa de un presunto narcotraficante colombiano, en la causa donde están imputados ocho policías nacionales por presunta colaboración con narcos locales a cambio de información. Cuestionó unos seguimientos de agentes antinarcóticos. Se basó en un análisis telefónico, que el Juzgado de Instrucción 5 trata ya de verificar.
