La espada de Damocles de una investigación penal oscila sobre los consistorios de siete municipios de la Región, los tres más grandes, Murcia, Cartagena y Lorca, además de Jumilla, Abanilla, La Unión y Calasparra, por carecer a estas alturas de los planes de prevención a los que obliga la normativa estatal sobre incendios forestales. En estas circunstancias, si se produce un siniestro de relativa importancia en sus términos municipales, los responsables políticos podrían verse encartados en unas diligencias penales por un posible delito contra el medio ambiente, derivado de la aparente omisión de sus obligaciones en esa materia.
Estas siete localidades murcianas forman parte, según la confirmado ‘La Verdad’ de fuentes oficiales del Ministerio Público, de los 151 municipios de seis comunidades a los que la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo ha advertido de que hará un seguimiento riguroso de su actuación en esta materia. Más todavía, de que no descarta abrir una «investigación penal concreta» si estos no cuentan con un plan de prevención de incendios para estas áreas y vuelve a producirse un nuevo siniestro en sus montes.
Esta iniciativa tiene su origen en el expediente que el fiscal delegado de Medio Ambiente, Antonio Vercher, abrió el pasado julio, lo que le llevó a reclamar información sobre la existencia de planes de prevención y gestión de incendios forestales en municipios con alta recurrencia de siniestros. Curiosamente, pese a tratarse de un requerimiento de la Fiscalía General, hasta el 31 de enero pasado apenas el 25% de esos consistorios había respondido para confirmar que disponían de planes específicos. Otros 47 ayuntamientos aseguraron tenerlo en tramitación, mientras que otros 13 señalaron que disponen de ese documento, pero que está anticuado y lo están actualizando.
El resto admitieron que, o no tienen plan (19 casos), o no cuentan con él pero pretenden tramitarlo, o bien simplemente no respondieron (16). Sin embargo, desde la Fiscalía precisaron que en los últimos días algunos consistorios que no habían respondido ya lo están haciendo.
Tras tener en sus manos esa información, el fiscal envió una carta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la que le «alerta» de la situación de esos 151 consistorios de Murcia, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía y Galicia. El mismo escrito fue remitido a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).La espada de Damocles de una investigación penal oscila sobre los consistorios de siete municipios de la Región, los tres más grandes, Murcia, Cartagena y Lorca, además de Jumilla, Abanilla, La Unión y Calasparra, por carecer a estas alturas de los planes de prevención a los que obliga la normativa estatal sobre incendios forestales. En estas circunstancias, si se produce un siniestro de relativa importancia en sus términos municipales, los responsables políticos podrían verse encartados en unas diligencias penales por un posible delito contra el medio ambiente, derivado de la aparente omisión de sus obligaciones en esa materia.
Estas siete localidades murcianas forman parte, según la confirmado ‘La Verdad’ de fuentes oficiales del Ministerio Público, de los 151 municipios de seis comunidades a los que la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo ha advertido de que hará un seguimiento riguroso de su actuación en esta materia. Más todavía, de que no descarta abrir una «investigación penal concreta» si estos no cuentan con un plan de prevención de incendios para estas áreas y vuelve a producirse un nuevo siniestro en sus montes.
Aferrados al Plan Infomur
La edil de Protección Civil de Murcia, Lola Sánchez, explicó que al ser requeridos por la Fiscalía se le respondió «que disponíamos del Plan de Emergencia Municipal, de carácter general ante los diferentes riesgos del municipio y, con respecto al riesgo de siniestros forestales, que el Servicio de Extinción de Incendios dispone de protocolos y procedimientos de actuación». Desde ese momento «hemos iniciado la elaboración del plan de actuación municipal ante riesgo de incendio forestal, y disponemos ya de la información geográfica y territorial necesaria, datos de infraestructuras, estructura organizativa…, y se continúa avanzando en su elaboración».
El Plan de Prevención de Incendios de Cartagena, explicó el jefe del Parque de Bomberos, Francisco Gómez Ávalos, está listo para ser aprobado, pero será la próxima Corporación la que lo tramite, tras las elecciones. Hay un borrador elaborado, que enumera más de veinte zonas forestales protegidas, así como las vías de entrada y evacuación. También los distintos niveles de alerta y los dispositivos operativos que corresponden. «El primera salida será siempre un vehículo autobomba con seis bomberos. A partir de ahí, los sucesivos refuerzos nos llevarían a contar con cuatro o cinco unidades y unos 25 bomberos en los casos de mayor gravedad. A eso se unen sucesivos refuerzos de Policía Local y la entrada en servicio Protección Civil». A continuación entrarían en servicio operativos regionales y nacionales bajo mando autonómico y estatal.
El concejal de Emergencias de Lorca, Juan Miguel Bayonas, aseguró que se está trabajando en la redacción del Plan de Incendios Forestales de Lorca (Infolor) desde hace más de un año, pero está resultando muy compleja por la amplia extensión del término, con más de 1.600 kilómetros cuadrados. Se prevé que su redacción concluya en dos o tres meses. Bayonas explicó que, mientras tanto, se trabaja con el Plan Infomur de la Región de Murcia.
De este último argumento echó mano el alcalde de La Unión, Pedro López Milán, quien admitió que hace un año y medio recibió un escrito de Fiscalía y, tras obtener la indicación de la Dirección General de Emergencias de que el municipio «estaba cubierto por las contingencias del Plan Infomur», se contestó con esa misma información. El regidor señaló que se ha vuelto a dirigir a la Comunidad para conocer si hay alguna variación en este posicionamiento, y si lo hubiera, «el Ayuntamiento elaborará su plan de emergencia municipal contra incendios conforme a la normativa legal».
El concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Jumilla, Eugenio Aguado, explicó que «en 2004 se hizo el Plan de Emergencias Municipal, dentro del cual se incluyen todo tipo de catástrofes, entre ellas los incendios forestales. No obstante, como se aprobó hace bastante tiempo, en esta legislatura nos planteamos su actualización. En pleno proceso estábamos cuando nos llegó una notificación de la Fiscalía solicitando información. Por supuesto, se le ha remitido el Plan de Emergencias del que disponemos y nuestros técnicos, junto a los del Consorcio de Extinción de Incendios, con base en Jumilla, ya están terminando con la actualización del mismo, que estará acabado en breve».
El alcalde de Calasparra, José Vélez, aseguró que «en esta localidad sí contamos con un plan desde hace mucho tiempo. Pero la Fiscalía nos obliga a redactarlo de nuevo para actualizarlo». El primer edil puntualizó que el Ayuntamiento tiene un convenio con el Plan Infomur. «Esta información, con el convenio en cuestión, fue remitida a la Fiscalía. Ahora lo actualizaremos. Y que conste que el Consistorio pone a disposición todos los servicios que están a su alcance, como Protección Civil y Policía Local, cada vez que hay una emergencia en un monte».
Abanilla es otro de los municipios que están en el punto de mira de la Fiscalía. El regidor, Ezequiel Alonso, señaló que «el pasado mes de octubre recibimos la notificación de la Fiscalía, en la que se nos exigía tener un plan contra los incendios forestales. Ahora los técnicos municipales están redactándolo, y creemos que podrá estar en marcha de cara al verano».
