Un jurado popular se ha retirado ya a deliberar un veredicto que podría ser histórico en la Región.
Noticia publicada en La Verdad.
Estos nueve hombres y mujeres tienen que decidir si Joaquín G.V., el sospechoso de asesinar a su tía abuela, de 82 años, cuando ésta supuestamente trató de resistirse a un intento de violación, es o no culpable. Este vecino de Abarán, de 41 años, afronta la primera prisión permanente revisable de la Región.
En la primera sesión de la vista, Joaquín –que se encuentra en libertad provisional– negó que acabara con la vida de su tía abuela, María Velandrino, y que la tratase de atacar sexualmente. «Yo a mi tía la respetaba», recalcó. «No he matado ni violado a nadie. Es un disparate lo que están haciendo conmigo».
«Prudencia y reflexión»
La magistrada presidente, Isabel María Carrillo, animó al jurado a asumir su labor con tranquilidad. «Ha llegado el momento de decidir», remarcó. «Solo necesitan lo que ya han demostrado que tienen: prudencia, reflexión y sentido común».
La magistrada instó al jurado a dejar «las opiniones fuera» a la hora de tomar una decisión. Recordó, además, que Joaquín, pese a estar acusado de varios delitos, solo es juzgado en este procedimiento por un presunto delito de asesinato y otro de violación en grado de tentativa.
En este punto, se refirió a los mensajes de WhatsApp que el acusado envió a la mujer de un primo meses antes del crimen y en los que este relataba un supuesto ataque sexual a la víctima. Unas conversaciones que el fiscal sacó a relucir en la vista. «Me tiré encima. Me va a denunciar. Estoy ‘jiñao’», explicaban esos mensajes. «No veas cómo lloraba (…) Me gustan las viejas». El procesado –que está siendo defendido por el abogado Pablo Martínez– aseguró que esos mensajes no se correspondían con la realidad y que fueron elucubraciones que inventó para atraer a su amiga.
La juez explicó que inicialmente trató de dejar estos mensajes fuera del juicio, pero el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) decidió que debían ponerse encima de la mesa. La juez hizo hincapié, no obstante, en que estos mensajes tienen el problema de la integridad. «Tenemos reconocido que hay partes que se han borrado», explicó. Incidió en que, al no conocerse qué parte de esas conversaciones se han borrado, deben ser «valorados con mucha cautela».
El Ministerio Público acusa a Joaquín de un presunto delito de asesinato -con las agravantes de alevosía y de ocultación del delito– y reclama, por primera vez en la Región, una pena de prisión perpetua revisable. Además, solicita que se le impida vivir o acercarse a Abarán durante un cuarto de siglo. Le imputa, asimismo, un supuesto delito de allanamiento de morada en concurso con uno de tentativa de violación por el que reclama nueve años de cárcel. La defensa sostiene la inocencia del acusado.
